La elección presidencial del próximo 28 de julio, como hemos afirmado en reiteradas oportunidades, será el hito más importante de los últimos 30 años, siendo un proceso que será sumamente reñido y cerrado entre las dos principales candidaturas que polarizan el voto bajo las tarjetas del PSUV y la MUD, ya que entre el representante de esas dos tarjetas se definirá el próximo jefe del Ejecutivo nacional.
Entendiendo la reingeniería electoral del proceso electoral, partimos del hecho de que, en el mejor escenario del candidato ganador, el triunfador se impondrá con un margen de votos no mayor a 10 puntos porcentuales sobre el segundo con más votos de la contienda. En este sentido, se prevé un resultado ajustado o con poca brecha de diferencia. Entendiendo esto, la distribución porcentual definiría y condicionaría el actuar político institucional de las fuerzas políticas una vez se dibuje la nueva geografía del poder político nacional.
El sector oficial ofrece continuar con el complejo proceso de estabilización de la crisis política bajo la promesa de pasar a un siguiente nivel y abordar elementos estructurales para salir de la misma bajo la convocatoria de un diálogo entre las fuerzas políticas que promueva el reconocimiento político y la aceptación de las reglas de juego político institucional que aventaja el oficialismo. En este orden, el gobierno parte de la premisa del mantenimiento de la ‘paz ciudadana’ (denominada por otros respetados cientistas políticos venezolanos como paz autoritaria o pax bodegónica) y una suerte de estabilidad política institucional (inercia institucional de los últimos dos años en la relación entre los Poderes Públicos) le permitirá gobernar sin inconvenientes. En materia económica, bajo un contexto marcado por la flexibilidad que otorga el régimen de licencias aprobadas por el Tesoro de EEUU bajo el paraguas de sanciones hacia Venezuela, la administración de Maduro apuntará, entre otras cosas, a mantener el logro no capitalizado de seguir conteniendo la variación del tipo de cambio y seguir generando condiciones para que se fortalezca la política de financiamiento que ha estimado el consumo y dinamizado nichos económicos relevantes. Asimismo, no se han mostrado indicios desde el poder de pretender asumir proyectos de grandes envergaduras para sorprender o dejar perplejo al electorado ya que, fácticamente la realidad se impone demostrando que materialmente es complicado y comprometería más su efectividad.
Por el sector opositor, encontramos como oferta política institucional iniciar un proceso de transición que reconfigure las reglas de juego institucional, promoviendo un sistema de contrapesos hasta ahora ausente en el sistema, rompiendo drásticamente con el fundamento de corte socialista de las políticas tomadas desde el PSUV. En este sentido, se ha prometido la eliminación del socialismo de la geografía del poder político venezolano (lo que de entrada, da cuenta a un choque político al promover desconocimiento) apuntando en esta línea a la reducción paulatina del Estado mediante un sistema de privatizaciones en ciertos servicios sectores productivos. Bajo esta oferta, se vislumbra un clima político tendiente a la complejidad en tanto que el parlamento y el resto de los poderes estarán bajo el dominio del chavismo, lo que haría proclive la ruptura o alteración de la actual ‘paz ciudadana’ impuesta por el PSUV, promovida bajo la iniciativa de iniciar nuevas dinámicas en el ejercicio político.
Ahora bien, bajo esta línea argumentativa, el tipo de resultado condicionará el clima político institucional a partir del 29 de julio pese a que, si gana el PSUV por una cifra ajustada, es muy probable que sectores de la oposición no convaliden el resultado denunciando fraude y solicitando presión interna y externa, siendo caldo de cultivo para la alteración política del país. En este orden, si gana la oposición bajo una brecha reducida, siendo reconocida y convalidada por el CNE, los próximos días previos a la toma de posesión del nuevo período aunque no tendrían marcada tensión política y social, condicionará el ejercicio del gobierno del nuevo presidente ya que en 6 meses para la toma de posesión la reingeniería institucional continuaría sin contrapesos, siendo proclive a condicionamientos, lo que deja en evidencia que un gobierno opositor en una fase post chavista en el ejecutivo no proyectaría estabilidad y la promesa de prosperidad inmediata quedaría entre dicho ya que el proceso transitorio sería paulatino y complejo.
¿Reconocerán las candidaturas polarizadas su derrota y remarán por el desarrollo integral de Venezuela? A menos de 40 días lo sabremos.