La política venezolana se encuentra en un punto crítico tras las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio por la oposición, la renuencia de países democráticos alienados a EE.UU. de no reconocer el triunfo de Maduro anunciado por el CNE hasta que se publiquen las actas y la posición indiscutible del sector oficial de defender lo anunciado por el ente comicial y dar como culminado el capítulo electoral del 28 de julio. Todos estos elementos ordenan la compleja realidad política nacional.
En aras de continuar con su objetivo de continuidad institucional y mantener la agenda política en función de preservar su incuestionable dominio político, el sector oficial vislumbra la pronta realización de elecciones regionales como acción que sepultaría a un segundo plano las controversias sobre el resultado de la elección presidencial. En tal sentido, se presenta como un nuevo reto político interno a enfrentar por parte de la oposición sin que ello implique el abandono de sus motivaciones en relación al capítulo presidencial.
La decisión de la oposición de participar en futuras elecciones regionales es un tema sensible por la significancia que tienen y por sus beneficios reales en la relación de poder. Entendiendo esto, es válida la pregunta de si es estratégico o no participar en el proceso; si participar es garantía de reconocimiento y respeto dentro de la dinámica institucional y de su real aporte en la calidad de vida de los ciudadanos y de su aporte en la lucha democrática.
El cuestionamiento al sistema electoral por el discutido resultado anunciado de la elección presidencial y la ausencia de reconocimiento interno y externo son elementos que narrativamente impiden al grueso de la oposición alineada a la Plataforma Unitaria Democrática participar, ya que convalida un proceso sin haber resuelto, desde su narrativa, uno anterior (presidencial) sería contradictorio y no sería, hasta ahora, visto con buenos ojos por el capital social que los acompaña. Dicho de otro modo, la participación en elecciones bajo un sistema cuestionado presenta tanto riesgos como beneficios potenciales para la oposición. Por un lado, abstenerse de participar podría ser visto como una renuncia a la lucha democrática, posiblemente alienando a los votantes y debilitando la posición de la oposición tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, participar podría legitimar un proceso electoral ya manchado por el fraude y fortalecer el régimen actual.
Si la oposición decide participar, es crucial que adopte estrategias que maximicen la transparencia y la integridad del proceso electoral. Esto podría incluir la exigencia de observadores internacionales, la implementación de auditorías independientes y la utilización de tecnologías que aseguren la veracidad del conteo de votos. La oposición también podría considerar formar coaliciones más amplias para fortalecer su base de apoyo y presentar un frente unido contra las prácticas antidemocráticas.
La decisión de la oposición venezolana de participar en elecciones regionales en el contexto de acusaciones de fraude electoral es compleja y debe ser analizada en su justa dimensión. La estrategia adoptada deberá equilibrar la necesidad de mantener la presión democrática con la realidad de un sistema electoral cuestionado.
En conclusión, la oposición venezolana se enfrenta a un momento decisivo. Las decisiones que tome en este punto tendrán repercusiones duraderas no solo para su futuro político, sino para el de toda la nación. La elección de una estrategia (participar o no y cómo se proyectaría lo decidido) dependerá de una evaluación cuidadosa del contexto político, las posibilidades reales de cambio y el pulso de la ciudadanía venezolana. La lucha por la democracia en Venezuela es una que continúa evolucionando y requiere de una visión estratégica que pueda adaptarse a las circunstancias cambiantes.