Las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela han sido un instrumento central en la política exterior de Washington hacia el gobierno de Nicolás Maduro desde 2015 con la Orden Ejecutiva 13692, emitida el 8 de marzo de ese año por el entonces presidente Barack Obama, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre EE.UU. y Venezuela al declarar al país como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. 

Estas medidas, gestionadas principalmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), han evolucionado desde sanciones individuales contra funcionarios hasta restricciones amplias al sector petrolero y financiero, con el objetivo declarado de presionar un cambio político.

La reciente decisión de OFAC, anunciada el 4 de marzo de 2025, de revocar la Licencia General 41 que permitía a Chevron operar en Venezuela, marca un endurecimiento significativo de esta estrategia de “máxima presión”, liderada por Trump y promovida por sectores extremistas de la oposición venezolana.

El sector petrolero, que históricamente ha representado más del 95% de las exportaciones venezolanas, es el eje de la economía del país. La revocación de la Licencia 41 ordena a Chevron cesar sus operaciones en un plazo de 30 días y prohíbe pagos de impuestos o regalías al gobierno de Maduro, así como transacciones con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 

Esta medida revierte los avances logrados desde 2022, cuando la licencia permitió a Chevron aumentar la producción a aproximadamente 200,000 barriles diarios, contribuyendo a un incremento total de la producción venezolana a 820,000 barriles diarios en 2024, según estimaciones de Ecoanalítica. La salida de Chevron podría reducir los ingresos petroleros en un 20-25%, pasando de unos 20,000 millones de dólares anuales a cerca de 16,000 millones, según proyecciones de economistas como Asdrúbal Oliveros. 

Asimismo, recientemente Oliveros afirmó que Venezuela perderá USD 3.100 millones tras cese de operaciones de Chevron y advierte que "siempre se puede estar peor". Esta reducción agrava una economía ya golpeada por sanciones previas, como las impuestas en 2019 a PDVSA, que limitaron el acceso a divisas y exacerbaron la caída del PIB en un 75% entre 2014 y 2020.

Políticamente, las sanciones buscan debilitar al gobierno de Maduro al cortar sus recursos financieros y aislarlo internacionalmente. La revocación de la licencia de Chevron refuerza la línea dura del Congreso estadounidense bajo la administración Trump reflejando un triunfo de los sectores que abogan por una presión máxima. Sin embargo, esta medida también fortalece la narrativa del chavismo, que atribuye la crisis a un "bloqueo económico" externo.

La decisión de OFAC, con un periodo de liquidación de solo 30 días, limita las posibilidades de una negociación a corto plazo entre el gobierno y la oposición, como señaló el economista Luis Vicente León. Esto podría radicalizar la postura del gobierno venezolano hacia el sector de la oposición que celebra y promueve la asfixia económica como forma de hacer política. Al mismo tiempo, la medida evidencia una falta de coordinación con la oposición venezolana, que en años recientes ha mostrado un respaldo decreciente a las sanciones amplias debido a sus efectos indiscriminados. 

En la actualidad, muchos líderes opositores como Manuel Rosales, Henrique Capriles y Henri Falcón han denunciado públicamente su rechazo ante tales acciones que, en lugar de promover el cambio político, genera penuria y sufrimiento en los ciudadanos.

El efecto indirecto de las sanciones en la economía dificulta el acceso a bienes básicos. La reducción de ingresos petroleros tras la revocación de la licencia podría intensificar la escasez de combustible y empeorar el acceso a servicios públicos como electricidad y agua por la disminución de los ingresos que a su vez afecta la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras básicas.

La migración, otro indicador del efecto negativo de las sanciones, podría aumentar. Mike Wirth, presidente de Chevron, advirtió a inicios de 2025 que la salida de la empresa impulsaría una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos, un fenómeno que ya ha desplazado a más de 7 millones de venezolanos desde 2015. Este éxodo no solo refleja el sufrimiento de la población, sino que también debilita la base social de la oposición dentro del país. Ante esta realidad surge la pregunta:

La eficacia de las sanciones para empoderar a la oposición venezolana es cuestionable. Aunque inicialmente, en 2019, las medidas contra PDVSA coincidieron con el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente interino, su impacto a largo plazo ha sido limitado. La oposición, liderada actualmente por María Corina Machado y Edmundo González, enfrenta un gobierbo fortalecido en su control interno pese a la presión externa. La revocación de la licencia de Chevron, al reducir los ingresos del gobierno, podría en teoría debilitar a Maduro, pero también dificulta la vida cotidiana de los venezolanos, erosionando el apoyo popular a la oposición, que es percibida como incapaz de mitigar los efectos de las sanciones.

En lugar de facilitar una transición democrática, la medida de OFAC podría prolongar el estancamiento político al reducir los incentivos para negociaciones. La oposición, fragmentada y sin control sobre los recursos económicos, no parece capitalizar este endurecimiento, mientras que Maduro buscará alternativas con aliados internacionales no alineados a La Casa Blanca para intentar sortear la efectividad de la presión estadounidense.