La salida de Barboza de la secretaría general de la PUD se entiende como la máxima expresión de las tensiones acumuladas en la oposición, siendo una figura moderada y conciliadora, renunció tras años de críticas por su enfoque dialoguista con el gobierno. Su estrategia, basada en negociar garantías electorales y participar en comicios cuestionados, chocó con sectores radicales que consideraban su postura “blanda” como una legitimación del gobierno de Maduro. A esto se sumó la frustración por la falta de avances concretos: ni la liberación de presos políticos masivamente ni reformas institucionales que generen garantías al activismo político opositor se materializaron. Su renuncia marcó el agotamiento de una línea pragmática tendiente a construir puentes y abrió paso a un liderazgo aún por definir en su accionar.

El perfil político de Roberto Enríquez se caracteriza por su adhesión a la democracia cristiana, su experiencia como parlamentario, y su asilo en la residencia del embajador de Chile desde el 2017 hasta el 2021 cuando salió de la residencia para participar en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición auspiciada por el gobierno de México. Proyecta un enfoque en soluciones negociadas. Como secretario general de la PUD, se espera que coordine esfuerzos para fortalecer la unidad opositora y avanzar en la defensa de la voluntad popular, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, donde la PUD reclama un triunfo no reconocido oficialmente.

El principal reto de Enríquez es articular una estrategia que concilie las alas de la coalición. Los moderados, representados por partidos como Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales y la influencia de Capriles, insisten en participar en elecciones para no ceder espacios al sector oficial y reivindicar los resultados de la elección presidencial de 2024. Los radicales, en cambio, exigen abstenerse hasta que existan condiciones libres y se respete el triunfo de la MUD en las elecciones presidenciales de 2024, apostando por la presión de calle (actualmente ausente) y el aislamiento internacional (objetivamente cuestionable). Enríquez deberá negociar una hoja de ruta que evite exclusiones: marginar a líderes como María Corina Machado (máxima exponente opositora con mayor popularidad), Henry Ramos Allup (que afirmó que no se debe participar en las elecciones) y Manuel Rosales (líder emblemático que defiende el voto como mecanismo de lucha), figuras con arraigo en sectores populares con capacidad de movilización de maquinarias partidistas. Evitar las exclusiones y la fragmentación es “vital” ya que debilitaría aún más a la PUD. Además, debe definir si prioriza elecciones, negociaciones o movilización, sin caer en ambigüedades que erosionen su credibilidad.

Ante la narrativa y hoja de ruta de María Corina Machado, Roberto Enríquez ha mostrado cierta prudencia, intentando equilibrar la presión externa con la preservación de espacios institucionales. Su desafío será evitar que la PUD sea percibida como un apéndice de Machado, lo que podría alienar a sectores centristas y reducir su atractivo para aliados internacionales que prefieren una oposición plural a la par que sería más probable a ser percibido por el sector oficial de una forma menos confrontativa. En el mismo orden, Enríquez tiene el reto de proyectar que la hoja de ruta de la PUD no es excluyente ni contradictoria con los intereses expresados por el binomio Machado – González, ya que de este depende el respaldo masivo a la coalición, entendiendo que la legitimidad y popularidad hacia los partidos políticos en Venezuela responden a una lógica de interés nacional en la dinámica por el poder, más que a cuestiones regionales o locales. 

El debate de votar o abstenerse encapsula la constante encrucijada de la oposición. Participar en elecciones “sin garantías”, podría significar legitimar un sistema viciado para unos; para otros abstenerse condenaría a la PUD a la irrelevancia institucional. Enríquez parece inclinarse por una posición intermedia: condicionar la participación a reformas concretas, como la renovación del Consejo Nacional Electoral y observación internacional. Sin embargo, si opta por la abstención total —como exigen sectores afines a Machado—, la PUD perdería capacidad de incidencia y cedería espacios a candidaturas menos críticas, fragmentando aún más el mapa opositor.

Visto así, el éxito de Roberto Enríquez dependerá de tres factores: 1) mantener la cohesión interna, integrando a moderados y radicales sin exclusiones; 2) definir una estrategia clara que combine presión externa con táctica flexible, y 3) evitar que la alianza se polarice en torno a figuras maximalistas.

Si Enríquez logra equilibrar firmeza y pragmatismo, la PUD podría convertirse en un contrapeso efectivo al chavismo. Si fracasa, no solo se repetirán los errores del pasado, sino que la oposición podría disolverse en un mosaico de siglas sin rumbo, exacerbando la desafección política. En un escenario de dominio casi absoluto en el mapa político territorial por parte del sector oficial, la unidad no es una opción, sino una necesidad para promover contrapesos en los cargos de elección popular. La pregunta es si Enríquez tiene la habilidad —y la coalición, la voluntad— para evitar que la desunión los lleve a la irrelevancia.