El juez Boasberg, del Distrito de Columbia, ordenó verbalmente durante una audiencia el 15 de marzo que cualquier avión con deportados regresara a Estados Unidos. Sin embargo, la orden escrita se registró a las 7:25 p.m. ET, y para entonces dos vuelos ya estaban en el aire, mientras que un tercero despegó después. La Casa Blanca argumentó que los vuelos habían partido antes de la notificación formal del fallo, pero Boasberg no se dejó impresionar. El 17 de marzo, en una audiencia de emergencia, el juez exigió explicaciones al gobierno sobre por qué se habían ignorado sus órdenes. El Departamento de Justicia respondió que los tribunales no tenían jurisdicción sobre asuntos de política exterior, una afirmación que Boasberg calificó como "insuficiente" y "poco convincente".

El 20 de marzo, Boasberg emitió una nueva orden, esta vez más contundente, exigiendo al gobierno que proporcionara detalles completos de los vuelos, incluyendo horarios, rutas y listas de pasajeros, antes del 25 de marzo. Bajo la amenaza de sanciones, el juez advirtió que no toleraría más desobediencia. Sin embargo, la administración de Trump no cedió. En un movimiento audaz, el gobierno solicitó la recusación de Boasberg y apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. Mientras tanto, Trump atacó al juez en sus redes sociales, calificándolo de "activista judicial" y pidiendo su destitución. Esto provocó una reprimenda pública por parte del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien recordó la importancia de la independencia judicial y advirtió sobre los riesgos de politizar el sistema legal.

En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado enérgicamente las deportaciones como "inhumanas" y "violatorias de los derechos humanos". El presidente Maduro ha acusado a Trump de utilizar a los venezolanos como "chivos expiatorios" para justificar políticas migratorias extremas y ha solicitado la intervención de organismos internacionales como la ONU. "Estados Unidos está criminalizando a nuestro pueblo y violando todas las normas del derecho internacional", declaró el presidente Maduro en un discurso televisado. Además, el gobierno venezolano ha aprovechado la situación para reforzar su narrativa de que Washington busca desestabilizar a Venezuela y estigmatizar a su población.

Por su parte, la oposición venezolana ha mostrado posturas divididas. María Corina Machado emitió un comunicado catalogado como “tibio” en el cual no repudió enérgicamente los hechos, afirmando respaldar las medidas de Trump que, de forma genérica, criminaliza a la migración venezolana. Asimismo, luego de las reacciones a su comunicado, ha criticado tanto a Trump como al propio presidente Maduro, señalando que "los venezolanos no son delincuentes, sino víctimas de un régimen que los ha obligado a migrar" pidiendo una investigación caso por caso para garantizar que no se deporte a personas inocentes y ha responsabilizado al gobierno de Maduro por la crisis migratoria que, según ella, ha estigmatizado a los venezolanos en el exterior".

Edmundo González calificó el decreto como "una medida desproporcionada y xenófoba” subrayando que "la criminalización de los venezolanos solo beneficia a los regímenes autoritarios, tanto en Washington como en Caracas", y ha llamado a la comunidad internacional a proteger los derechos de los migrantes. Además, ha criticado la falta de transparencia en el proceso de deportación, señalando que muchos de los afectados podrían ser víctimas de errores judiciales o acusaciones infundadas.

En otro orden, La Plataforma Unitaria Democrática y otras personalidades políticas opositoras exigen al gobierno de EE.UU. garantizarles el derecho a al defensa a los migrantes venezolanos criminalizados y dejar de alimentar el odio hacia nuestro gentilicio.

Organizaciones civiles y familiares de los deportados han exigido transparencia y justicia, argumentando que muchos de los afectados son inocentes. "Estamos hablando de personas que huyeron de Venezuela en busca de una vida mejor, no de criminales", dijo una portavoz de una organización de derechos humanos en Miami. Estas organizaciones han pedido que se revise cada caso individualmente y que se garantice el debido proceso, algo que el decreto de Trump ignora por completo. Asimismo, en las redes sociales se ha reportado que muchos de los migrantes venezolanos inocentes, víctimas de esta desproporcional y cruel medida han sido apresados y acusados de terroristas sin derecho a la defensa solo por tener tatuajes.

El caso de las deportaciones de venezolanos bajo el decreto de Trump no solo ha desatado una crisis legal en Estados Unidos, sino que también ha evidenciado las profundas divisiones políticas en Venezuela. Mientras el gobierno de Maduro denuncia las deportaciones como una violación de los derechos humanos y jugada política de EE.UU. para criminalizar al gentilicio venezolano y usarlo políticamente para atacar a su gobierno, la oposición venezolana, representada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, critica tanto a Trump como a Maduro responsabilizándolos de lo que está ocurriendo, sin proponer acciones reales ante tales acontecimientos.

Mientras tanto, la diatriba entre el juez Boasberg y el gobierno de Trump ha puesto en evidencia las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en EE.UU., con el riesgo de una crisis constitucional. El caso, que podría llegar a la Corte Suprema, ha generado un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y los derechos de los migrantes, en un contexto donde la política migratoria se ha convertido en un campo de batalla tanto nacional como internacional. Los venezolanos, una vez más, quedan atrapados en el fuego cruzado de intereses políticos y legales.