La Red DECIDE (Defensa Ciudadana de la Democracia), presentada el 2 de abril de 2025, marca un cambio estratégico de un sector de la oposición venezolana al priorizar la participación electoral como herramienta de resistencia democrática, mientras rechaza las sanciones económicas internacionales y los aranceles secundarios vinculados a Venezuela por considerar que son acciones contraproducentes y no efectivas para promover el cambio político. Este movimiento, liderado por figuras moderadas como Henrique Capriles, Jesús "Chuo" Torrealba, Henri Falcón, Tomás Guanipa y Vladimir Villegas, responde a tres problemas: la fractura interna de la oposición tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el colapso estructural exacerbado por las sanciones externas, y la instrumentalización geopolítica de Venezuela por parte de potencias globales. Al apostar por el voto como mecanismo de protesta y preservación de la legitimidad constitucional, busca aprovechar el masivo respaldo opositor demostrado en las elecciones de 2024. Sin embargo, enfrenta un dilema crucial: ¿puede la participación en procesos electorales percibidos como controlados por el sector oficial generar cambios reales o simplemente legitiman un sistema?

La Red DECIDE argumenta que la abstención promovida por el ala radical de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática solo beneficia al gobierno de Nicolás Maduro, como ocurrió en 2018 cuando la abstención permitió al sector oficial consolidar su control institucional. Torrealba insiste en que "no regalar la abstención al régimen es clave", mientras Capriles subraya el voto como herramienta para visibilizar la voluntad mayoritaria de cambio. Sin embargo, esta postura choca con la realidad de un CNE cuestionado por su base electoral. La Red propone contrarrestar esto con una movilización masiva que obligue al gobierno nacional a negociar y promover el entendimiento. Por su parte, la PUD afirmó que “llamar a votar a ciegas es burlarse del pueblo venezolano, ya que el proceso está siendo convocado por un árbitro severamente cuestionado, nacional e internacionalmente, en un contexto de represión y persecución”. Si bien la Red DECIDE no busca reemplazar a la PUD, es claro que está definiendo una ruta ante la ausencia de ruta de la PUD.

Uno de los pilares más controvertidos de DECIDE es su rechazo a las sanciones económicas generalizadas, como los aranceles del 25% impuestos por EE.UU. bajo la administración Trump II, a los compradores de petróleo venezolano. Capriles critica estas medidas por su "tibieza estratégica", señalando que, aunque fueron diseñadas para debilitar a Maduro, han fracasado en su objetivo y han agravado el colapso humanitario. La Red busca recuperar la narrativa soberanista y nacionalizar el conflicto venezolano al rechazar el bloqueo energético que asfixia los ingresos fiscales y empuja a Venezuela hacia una mayor dependencia de China y Rusia, apostando por un escenario de entendimiento con garantías constitucionales.

La Red DECIDE busca reconstruir la oposición desde la moderación y el institucionalismo, enfrentando desafíos que trascienden su control: reencantar y movilizar a una sociedad agotada por años de crisis y frustraciones, lograr concesiones mínimas del chavismo y redefinir el papel de Venezuela en relación a su crisis interna. Su apuesta electoral podría abrir una vía hacia la democratización o, en el peor caso, diluir la resistencia si fracasa. Aunque su rechazo a las sanciones es éticamente válido, carece de una estrategia efectiva para producir resultados en un sistema complejo de mayoría oficial. DECIDE refleja la paradoja de la oposición venezolana: equilibrar la legitimidad constitucional con la participación política bajo un entorno de desmoralización y desmovilización de su base electoral o perpetuar esa misma desmovilización y desmoralización sin promover espacios de expresión ciudadana. 

 

En un contexto de elecciones cuestionadas o no, todo grupo político, sea o no de la oposición, enfrenta el desafío ineludible de fortalecerse desde sus bases, consolidando el voto no solo como un trámite, sino como el instrumento por excelencia para la defensa de la democracia, lo que exige una ciudadanía vigilante, activa, involucrada y comprometida en los asuntos públicos. Este esfuerzo va más allá de denunciar irregularidades o de quedarse como espectadores en un proceso que se presenta como ineludible; implica rescatar la política como un espacio esencial para la transformación social, reconstruyendo la confianza en los mecanismos democráticos, aun cuando el sistema o el entorno pareciera diseñado para promover la desmovilización. Es ese el reto crucial para revitalizar la esperanza en un cambio genuino y sostenible para el sector opositor.